El acuerdo se firmó en 2007 y entró en vigor en 2012 porque Marruecos tardó cinco años en ratificarlo. Desde entonces, ni los Gobiernos del PP ni los del PSOE han logrado repatriar ni a un solo menor marroquí, a pesar de que entre 2014 y 2024 entraron en España casi 14.600.
En 2013 la Policía española envió a Marruecos "una relación pormenorizada" de menores que "podrían ser repatriados", pero ni siquiera recibió una respuesta. La Fiscalía se ha quejado en varias ocasiones de la falta de colaboración.
Fuente: Público
Madrid
14/08/2026
Un grupo de menores migrantes esperan para su filiación frente a la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta, a fecha de 10 de agosto.Reduan/EFE
Fue el 6 de marzo de 2007, con el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero a los mandos del Gobierno. España y Marruecos suscribían, en Rabat, un nuevo pacto en materia migratoria con la lupa puesta en su eslabón más vulnerable: los niños. Al estampar sus firmas en el acuerdo, que se formalizó durante la VIII Reunión de Alto Nivel hispano-marroquí, los dos países se comprometían a colaborar para prevenir la migración irregular de menores, reforzar su protección mientras permanecieran bajo tutela española y —aquí está la clave— agilizar su retorno a suelo marroquí (artículo 5). Bien bajo el abrigo de sus familias, bien bajo la protección de los servicios asistenciales marroquíes.
Pero el acuerdo quedó en papel mojado. Cinco años y medio —hasta el 2 de octubre de 2012— tardaría en entrar en vigor. ¿El motivo de este fundido en negro? Marruecos no ratificó el acuerdo durante todo ese tiempo. Es decir, lo empezó a boicotear desde el mismo momento de la firma. Sea como fuere, desde el otoño de 2012, España y Marruecos disfrutan de un tratado bilateral que entra en juego (o debería) cada vez que un niño o adolescente marroquí no acompañado cruza la frontera española. Desde entonces han pasado 14 años y España ha devuelto a un total de 0 menores al país norteafricano. Ninguno. Unas cifras que no entienden de orientación política y que abarcan casi seis años de gobiernos del PP y otros ocho del PSOE.
Y no es porque no se haya intentado. Un repaso a la información sobre repatriaciones de menores que recopila, dentro de sus memorias anuales, la Fiscalía General del Estado (FGE) revela que ha habido más de una tentativa. Para ejemplo, las memorias del año 2014 (con los datos de 2013). En este documento, la Fiscalía explica que la Policía Nacional elaboró y envió a Marruecos "una relación pormenorizada" de menores que "podrían ser repatriados" al amparo, precisamente, del acuerdo de 2007. Un requerimiento al que Marruecos hizo oídos sordos: "No se ha obtenido respuesta alguna". Todo ello a pesar de que, a lo largo de ese año, España recibió a 34 menores no acompañados de nacionalidad marroquí, que terminaron todos dentro del sistema de acogida español.
Reproches similares a Rabat aparecen en los dos siguientes ejercicios, correspondientes a los años 2014 y 2015. "No se ha realizado repatriación alguna", rezan ambos documentos. Una circunstancia que la propia Fiscalía achaca a "la falta de colaboración" de las autoridades "de los Estados de origen". Entre ellos, Marruecos, que volvía a desentenderse de sus niños. Haberlos, los había: 47 menores marroquíes no acompañados entraron irregularmente a España en 2014, 130 lo hicieron en 2015 y 184 en 2016. Tal y como reflejan las sucesivas memorias, desde entonces, las cifras de entradas anuales han superado siempre el millar: 1.320 en 2017, 4.348 en 2018, 1.724 en 2019, 1.393 en 2020, 1.304 en 2021, 1.235 en 2022, 1.075 en 2023 y 1.834 en 2024. Por tanto, de los casi 14.600 niños y adolescentes marroquís que han cruzado a suelo español entre los años 2014 y 2024 (último año con datos oficiales), ninguno ha regresado a su país de origen en cumplimiento del acuerdo bilateral.
Cierto es que el de Marruecos no es un caso excepcional. Mirando a los datos totales, entre 2013 y 2024 solo se han producido 46 repatriaciones de menores. De ellas, 10 a Argelia, único país africano que ha recibido alguno. Pero igual de cierto es que Marruecos es uno de los pocos países con los que España ha firmado un acuerdo bilateral específico en esta materia. Un compromiso que, en todo este tiempo, no ha salido del papel. Público ha pedido a los ministerios de Exteriores, Interior e Infancia —así como a la propia Fiscalía General del Estado— una valoración sobre la inexistencia de retornos de menores al país norteafricano. Al cierre de esta edición, no ha obtenido respuesta.
El interés superior del menor
Con estos datos en la mano, es difícil pensar que alguno de los miles de menores migrantes que permanecen en territorio ceutí —tras el curce masivo del 30 de julio— acabe volviendo a Marruecos o a algún país subsahariano. 1.898 niños y adolescentes. Esta es la última cifra oficial de menores no acompañados que ha facilitado el Gobierno. Lo hacía la mañana de este jueves el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una rueda de prensa en la que elevaba, también, la estimación total de personas migrantes: en torno a 5.000. La de los menores es, en cualquier caso, una situación aparte, debido a la protección específica con la que les envuelve la Ley de Extranjería (Artículo 35).
El paso a paso del "procedimiento de repatriación" de los niños y adolescentes extranjeros que están solos en España se describe en una normativa complementaria: el Reglamento de Extranjería (entre los artículos 167 y 171). Lo hace en base a una serie de criterios. El primero, priorizar la reagrupación familiar. Para ello, el protocolo obliga a acudir al país de origen para solicitarle un informe completo sobre las circunstancias familiares del menor. Un menor al que, de ser posible, hay que tomar declaración. Según el reglamento, a partir de los 12 años, el niño dispone de "juicio suficiente" para hablar en primera persona. Un reconocimiento que se torna obligatorio en el caso de los adolescentes de entre 16 y 18 años de edad.
Si la variable familiar no aplica —y el menor está de acuerdo— se puede contemplar que el niño entre en el sistema de acogida de su país natal. Una alternativa que, de acuerdo a los datos, es muy residual. Público ha preguntado a la Fiscalía General por los motivos que esconde la cifra negativa de repatriaciones a territorio marroquí. Hasta el momento de la publicación de este artículo, no ha recibido contestación. Fuentes del Ministerio de Infancia recuerdan a este diario que la reunificación familiar "no es posible en la mayoría de los casos". ¿El motivo? El interés superior del menor. Y es que muchos niños ni quieren ni pueden volver a los entornos de los que huyen: "No tienen la posibilidad de desarrollar un proyecto de vida allí".
De los 1.898 niños que permanecen en Ceuta, no todos son originarios de Marruecos. Aquellos que provengan de un tercer país —que no aparezca en la lista de "países seguros" de la UE ni tenga un acuerdo de retorno con España— pueden invocar el derecho de asilo. Fuentes gubernamentales explican a Público que es "probable" que haya menores en esta situación, pero que no tienen, todavía, constancia de ello.
En su momento, sí hubo repatriaciones al país alauí. En enero de 2005, como respuesta a una batería de preguntas registradas en el Congreso por el propio Grupo Parlamentario Socialista, el gobierno de Zapatero reconocía un total de 378 devoluciones de menores a Marruecos entre los años 2000 y 2003. Los datos aportados se correspondían con los de la última legislatura del popular José María Aznar. Haciendo zoom, el desglose de cifras es el siguiente: 86 en el 2000, 88 en 2001, 76 en 2002 y 128 en 2023. En los años posteriores, entre 2004 y 2012, los números de la Fiscalía —única fuente oficial que los ofrece— no incluyen un desglose completo por nacionalidades. Lo que no impide afirmar que sí, con los datos oficiales en la mano, el acuerdo de Rabat de 2007 no solo no ha "facilitado" las repatriaciones de menores, sino que las cifras son más bajas —más bien, inexistentes— desde que el texto entró en vigor.
Devoluciones ilegales
Al menos, por la vía legal. Porque devoluciones de menores fuera de la ley —reconocidas por el propio Gobierno— ha habido varias decenas. El otoño de 2021, el Ejecutivo de Pedro Sánchez aportaba nueva luz sobre la gestión de la crisis migratoria y humanitaria que vivió, hace ahora cinco años, la ciudad de Ceuta, tras el salto a la valla de casi 10.000 personas. A una nueva batería de preguntas —esta vez de la bancada de Compromís— el Gobierno reconocía la cifra que llevaba todo el verano encabezando los titulares de prensa: 55 menores. La expulsión de todos estos niños —parte de una represalia de Marruecos por la acogida en suelo español de Brahim Ghali, líder del Frente Polisario— se hizo, precisamente, invocando el famoso acuerdo bilateral hispano-marroquí.
En una sentencia dictada en enero de 2024, el Tribunal Supremo concluyó que estas repatriaciones habían sido ilegales por la "absoluta inobservancia" del procedimiento contemplado en la Ley de Extranjería. "La aquiescencia de otro país no dispensa a las autoridades españolas de actuar con sujeción plena a la Constitución y a las leyes", censuraba el texto de la sentencia, recordando que un acuerdo de valor político como el que ambos países firmaron en 2007 no podía sobreponerse a una ley orgánica sobre los derechos y libertades de las personas extranjeras en España. Tanto es así que, en septiembre de 2025, la Audiencia Provincial de Cádiz terminó condenando a la exdelegada del Gobierno en Ceuta, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta primera del Gobierno de Ceuta, Mabel Deu, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación administrativa.
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