Los derechos se sostienen juntos. Hacia la huelga general del 11 de noviembre

Fuente:   Cristianisme i Justícia

Por   Manuel Sánchez-Moreno

09/11/2026

 

Hay algo que merece atención en las manifestaciones de estos días: las reivindicaciones empiezan a encontrarse. Entre quienes reclaman una vivienda aparecen demandas de salarios, educación y servicios públicos. En Madrid, la marea verde y amarilla educativa han llegado a la Puerta del Sol, donde hasta hace poco se mantenía la acampada por la vivienda. La escena remite a una experiencia extendida por todo el país: la dificultad de sostener una vida cuando sus condiciones más elementales se vuelven inseguras. 

La polémica sobre una huelga general por la vivienda parece desconocer esa experiencia. Se cuestiona que pueda detenerse el trabajo para exigir algo que sucede, supuestamente, fuera de él. Me cuesta reconocer la vida real en esa frontera. Quien termina su jornada necesita un lugar al que regresar, dormir, cuidar a sus hijos. La incertidumbre residencial acompaña a quien trabaja hasta su puesto, aunque no figure en el contrato.

Por eso resulta tan estrecha la objeción de que la vivienda no pertenece al conflicto laboral, formulada por el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi. Una mejora salarial puede desvanecerse en la siguiente renovación del alquiler. Las horas ganadas mediante la reducción de jornada pueden perderse en desplazamientos más largos. Incluso abandonar un empleo abusivo depende de si podemos sostenernos sin ingresos y de si eso pondrá en peligro la casa. 

La huelga general tiene alcance estatal porque esa inseguridad atraviesa el territorio. La presión turística, la expulsión hacia las periferias o la escasez de alquiler asequible en municipios pequeños presentan diferencias y responsabilidades específicas. Pero comparten una experiencia: disponer de ingresos ya no asegura disponer de un hogar. 

Los derechos humanos ofrecen un lenguaje para comprender todo esto. La Declaración de Viena de 1993 afirmó su universalidad, indivisibilidad e interdependencia. Estas palabras adquieren cuerpo cuando observamos qué sucede al perder una vivienda. Puede quebrarse la continuidad escolar, interrumpirse un tratamiento médico o desaparecer la cercanía de quien ayudaba a cuidar. Un desahucio tiene una dirección postal, pero sus consecuencias se despliegan por muchos lugares de la vida. La vulneración puede seguir avanzando después de que la puerta haya quedado cerrada.

Pienso en la vivienda y en la educación como derechos llave: abren posibilidades que otros derechos necesitan para hacerse efectivos. Una casa permite estudiar, preservar la intimidad, descansar. La educación proporciona herramientas para conocer los derechos y defenderlos. También la salud o los ingresos suficientes abren puertas. Por no mencionar las reivindicaciones respecto a unas pensiones dignas. Esas llaves alzadas y sonando que vemos en las manifestaciones no son solo para abrir casas, sino para abrir otros derechos indivisibles.

Hablamos de servicios públicos para que el ejercicio de un derecho dependa de la necesidad y no del dinero invertido. Cuando se privatizan, una parte creciente del salario o de la pensión debe destinarse a pagar lo que debería estar garantizado, mientras quienes carecen de recursos ven estrecharse sus posibilidades de vivir con dignidad. El interés deja de ser el bienestar que debe procurar el Estado y pasa a ser el interés económico de una empresa. La privatización de vivienda, educación, sanidad y pensiones genera una descentralización del estado del bienestar y una fragmentación social. Y aprendemos a buscar una salida individual para aquello que antes podíamos exigir juntos. 

Defender estos servicios públicos desde este enfoque de derechos significa sostener una responsabilidad compartida, una corresponsabilidad, unos cuidados más allá del estatus económico y la clase social. Esta solidaridad es bien conocida por los que estamos en las manifestaciones de estas semanas y estaremos en la huelga general. Es la concreción de aquellos principios de los derechos humanos proclamados en Viena en 1993. Es entender que mi derecho a la vivienda está conectado con el derecho a la educación, a la sanidad, a pensiones dignas, etc. Si un derecho avanza, introduce su llave en otro para posibilitar su apertura. 

Los movimientos sociales que estamos viviendo estos días dan una dimensión colectiva a esas experiencias. Donde cada cual había aprendido a sentirse culpable por no llegar, aparece la posibilidad de identificar responsabilidades y actuar junto a otras personas.

Esa solidaridad exige acompañar movilizaciones cuando la reivindicación principal no es la propia. Me interesa esa solidaridad que permanece cuando ya hemos conseguido algo para nosotras. La que entiende que una conquista seguirá siendo frágil mientras quienes están al lado continúen perdiendo las condiciones para vivir. De ahí que estas protestas no vayan solo de vivienda y que justifiquen una huelga general capaz de incidir políticamente. Porque sí, esto es hacer política y democracia más allá de las urnas.

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[Imagen de Tyli Jura en Pixabay]