Donostia prohíbe las cenas solidarias en la vía pública a personas sin techo «por seguridad»

El Ayuntamiento de San Sebastián alega razones de ineficacia, de ausencia de itinerarios de asistencia o inclusión social y de seguridad

Una patrulla de la Guardia Municipal comunica a los voluntarios que no pueden continuar con las cenas solidarias. (DV)

Fuente:   El Diario Vasco

Iñaki Izquierdo

San Sebastián

28/07/2026

 

El Ayuntamiento de Donostia ha decidido que no se den más cenas en la vía pública, conocidas como 'cenas solidarias', por lo que este lunes fue la última tarde en que los voluntarios repartieron comidas a personas sin techo en las tres ubicaciones en las que se venían ofreciendo, la Plaza de la Constitución, la Plaza Gipuzkoa y Anoeta.

El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha tomado la decisión tras recibir y analizar tres informes de tres departamentos diferentes del Ayuntamiento: los de Salud Pública y Espacio Público, además de la Guardia Municipal. Los tres identifican los mismos problemas. Por una parte, esta actividad –aunque lleva años en marcha– «nunca ha sido autorizada» y se realiza «de manera informal», con lo que se desconoce quiénes son las personas que acuden y «no existe ningún itinerario de asistencia o inclusión social». Por otra, la seguridad. En estas cenas en la vía pública se mezclan diferentes tipos de personas, entre quienes se han detectado «personas conflictivas o muy conflictivas e incluso enfermas, tanto mentales como por problemas de consumos». Esto ha generado «problemas de convivencia, con picos de inseguridad y enfrentamientos tanto entre las propias personas que acuden a recibir la cena como con la Guardia Municipal».

Por estos motivos, el alcalde ha decidido que no se den más cenas en la calle, lo que fue comunicado ayer a la tarde a los voluntarios que se disponían a dar las cenas en la plaza Constitución. Fuentes municipales aseguran que no se trata de dejar a nadie sin un plato de comida sino de «encauzar el problema», una vez que se ha comprobado que «la solidaridad mal gestionada» hace que ese esfuerzo no dé frutos.

 

«Espacios inestables» en San Sebastián

La principal razón para adoptar la medida de poner fin a las cenas, explican desde el consistorio, es que si bien dar respuesta a una necesidad inmediata resulta imprescindible, por sí solo «no permite romper la situación de exclusión». Comer en la calle, aseguran, «no constituye un itinerario de inclusión ni facilita, en muchos casos, el acceso estable a los recursos especializados», máxime cuando no se conoce ni se hace seguimiento a las personas que se atiende. Todo esto impide ofrecer apoyo psicológico o sanitario o iniciar procesos de inserción social o laboral a personas muy vulnerables.

Alegan que «no existe ninguna asociación registrada como responsable de estas cenas solidarias ni tampoco hay un archivo de personas atendidas», lo que deriva en que «no tengan ni derechos ni obligaciones». Todos estos factores están generando, en opinión del consistorio, «problemas que están provocando espacios inestables en los entornos donde se reparten estas comidas» –singularmente en la Parte Vieja– y, en ocasiones, «de peligro», incluso para los voluntarios que se encargan de repartir las cenas y que, en más de una ocasión, han reclamado la presencia de la Guardia Municipal.

El Ayuntamiento relata que cuenta con «numerosas denuncias de vecinos», además de «relatos por parte de mujeres y chicas jóvenes de que pasan miedo al transitar por alguna de esas zonas». Asimismo, los informes municipales hablan de «problemas de convivencia, ocupación del espacio público, de limpieza, riesgos para la salubridad y una creciente sensación de conflicto».

 

El precedente de Egia

Esta prohibición de entregar cenas en la vía pública en la plaza de la Constitución, la plaza Gipuzkoa y Anoeta llega dos años después de que se tomara la misma decisión en el barrio de Egia, también en Donostia. En el Ayuntamiento entienden que Egia fue «el inicio del problema» y quieren evitar que el fenómeno se repita en otros lugares de la ciudad.

«Cada vez se producen con mayor frecuencia –añaden– situaciones que preocupan tanto a los propios servicios sociales como al vecindario». Según fuentes de su equipo, el proyecto de Jon Insausti se basa «en los principios de humanismo y exigencia» y con esta decisión en concreto de las 'cenas solidarias' busca conseguir un sistema «ordenado y seguro».

Las personas que suelen acudir a recoger estas cenas oscilan entre las 200 y las 300, una cifra muy cambiante porque hay idas y venidas constantes, con personas itinerantes o residentes en otros municipios colindantes con Donostia, como Usurbil, Errenteria o Hernani.

 

Duplicar recursos

El alcalde se compromete a duplicar las cifras económicas destinadas a la inclusión social de estas personas a través de un sistema más coordinado y eficaz. Insausti tiene previsto dar cuenta hoy mismo de esos números. Según su equipo, esta «multiplicación de los recursos» que prevé destinar el Ayuntamiento a las personas en situación de exclusión social se concretará en varios puntos, como «una red municipal de atención social especializada, recursos de alojamiento y emergencia social, programas de intervención y acompañamiento individualizado, equipos profesionales que trabajen a diario con las personas sin hogar o coordinación con el resto de administraciones».

Desde Ijentea se puntualiza que ese aumento presupuestario y de recursos humanos se destinará a «personas con voluntad de trabajar, estudiar, vivir y convivir», y que «todo el que acuda a la ciudad a violentar no va a tener sitio», en línea similar a la del programa Aukerak, donde se viene trabajando con personas que salieron de la prisión de Martutene y ahora encuentran acogida y manutención en el albergue La Sirena para trabajar o estudiar. El Ayuntamiento destaca su amplia red de servicios públicos y comunitarios de atención a las personas en situación de exclusión social y no cuestiona el origen de la iniciativa de las 'cenas solidarias', pero justifica su decisión de no permitir su continuidad al constatar sus limitaciones a la hora de favorecer procesos reales de inclusión.