De León XIV a Argüello: el regreso de la Iglesia tutelar

Fuente:  Cristianisme i Justícia

Por  Manuel Sánchez-Moreno

31/07/2026

 

Apenas ha transcurrido un mes desde que León XIV visitó España y la Conferencia Episcopal Española parece haber decidido desandar parte del camino recorrido. El viaje del Papa no resolvió las profundas discrepancias existentes entre la doctrina católica y una sociedad cada vez más plural, pero sí dejó una imagen de diálogo institucional, preocupación social y respeto formal hacia la autonomía del poder político. Las recientes declaraciones de Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal, han sustituido ese tono por el lenguaje de la confrontación, la sospecha moral y la guerra cultural.

Durante una intervención dedicada, paradójicamente, a la regeneración democrática, Argüello afirmó que un Estado que olvida la ética puede convertirse en una “banda de ladrones”. También criticó las políticas sociales calificándolas de “paguitas”, denunció una supuesta “deconstrucción antropológica” promovida mediante las leyes de género y relacionó el Orgullo LGTBIQ+ con el orgullo entendido como “pecado de Satán”. Posteriormente aseguró que no se refería específicamente al Gobierno y añadió que “cada uno verá por qué se siente aludido”. Las aclaraciones pueden reducir el alcance literal de alguna frase, pero no modifican el marco ideológico en el que fue pronunciada: la representación de la democracia actual como un sistema moralmente degradado, asistencialista y sometido a una transformación antropológica contraria al orden natural.

La polémica no debería reducirse a un nuevo enfrentamiento entre el Gobierno y los obispos. Tampoco se trata de negar a la Iglesia su derecho a participar en el debate público. En una sociedad democrática, las comunidades religiosas pueden expresar sus convicciones, criticar las leyes y proponer su concepción del bien común, del mismo modo que lo hacen sindicatos, universidades, asociaciones feministas, organizaciones LGTBIQ+ o movimientos sociales. La cuestión verdaderamente relevante es desde qué posición interviene la jerarquía eclesiástica: como una voz más dentro de una ciudadanía plural o como una autoridad moral que pretende situarse por encima de las instituciones democráticas.

El Concilio Vaticano II, hace más de sesenta años, fue decisivo para responder a esta pregunta. Conviene, no obstante, precisar sus términos. El Concilio no consagró una separación hostil entre Iglesia y Estado ni ordenó la expulsión de la religión del espacio público. Estableció algo más profundo: la autonomía recíproca de la comunidad política y la comunidad eclesial. Apuntó a que la Iglesia no se confunde con la comunidad política ni está ligada a un sistema político determinado. La cooperación, por tanto, no significa subordinación; la presencia pública de la fe no concede a la jerarquía eclesiástica una potestad superior sobre las decisiones civiles.

Esta concepción conciliar guarda una evidente correspondencia con el artículo 16.3 de la Constitución española. España no es un Estado confesional, aunque tampoco adopte un modelo de laicidad excluyente. Ninguna confesión tiene carácter estatal y los poderes públicos pueden mantener relaciones de cooperación con las distintas comunidades religiosas. La jurisprudencia constitucional ha insistido, además, en que la aconfesionalidad impide cualquier confusión entre funciones religiosas y estatales. La Iglesia puede cooperar con el Estado, pero no equipararse a él ni reclamar una posición de tutela sobre el legislador.

León XIV formuló esta distinción con especial claridad durante su intervención ante las Cortes. El Papa sostuvo que, cuando la Iglesia se dirige a la vida pública, debe hacerlo respetando “la misión propia de las instituciones” y “la legítima responsabilidad de quienes han recibido el mandato de legislar”. Reconoció expresamente la autonomía de las realidades terrenas y la distinción entre comunidad eclesial y comunidad política. No renunció a presentar la visión antropológica del cristianismo ni a cuestionar algunas orientaciones culturales contemporáneas, pero admitió quién tiene la legitimidad democrática para convertir las diferentes posiciones sociales en leyes: el Parlamento.

Ese reconocimiento no convierte a León XIV en un pontífice progresista en materias de género, familia o sexualidad. Sería ingenuo interpretar su visita de ese modo. El Papa mantuvo una concepción doctrinalmente tradicional de la persona y recordó que la legitimidad formal de una ley no resuelve por sí sola la pregunta sobre su justicia. Sin embargo, cuidó la arquitectura institucional de su intervención. No habló como quien dicta instrucciones al poder civil, sino como quien ofrece una reflexión desde una tradición religiosa concreta, reconociendo al mismo tiempo la diversidad de la sociedad y la responsabilidad del legislador.

Argüello ha cruzado esa frontera discursiva. Cuando las políticas de género, el Estado del bienestar, la corrupción y el Orgullo son presentados dentro de una misma narración sobre el colapso moral de la democracia, la crítica religiosa deja de ser una aportación al debate y comienza a parecerse a una deslegitimación general del sistema. La utilización de expresiones como “paguitas” tampoco es inocente. No pertenece al vocabulario habitual de la doctrina social de la Iglesia, que ha insistido históricamente en la dignidad de las personas pobres, la justicia social, la redistribución y la responsabilidad colectiva. Es un término procedente de la batalla partidista, empleado por la derecha y ultraderecha para desprestigiar las ayudas públicas y representar a sus beneficiarios como ciudadanos dependientes o moralmente sospechosos. El término también es desafortunado si vemos cómo parte de la cooperación entre Estado e Iglesia católica se traduce en ayudas económicas y exenciones fiscales. Esto como resto de la confesionalidad sociológica del Estado, y los privilegios que sigue otorgando al catolicismo.

Todavía resulta más grave la referencia al Orgullo LGTBIQ+. Argüello ha intentado explicar que se refería al concepto teológico de orgullo y no directamente a las personas del colectivo. Pero las palabras no existen fuera de su contexto. No estaba pronunciando una lección abstracta sobre los pecados capitales. Estaba hablando de identidad de género, de diversidad sexual y de las recientemente penadas terapias de conversión durante el mes del Orgullo. Asociar ese espacio político y social con Satanás o Luzbel no puede presentarse después como una mera precisión semántica.

El Orgullo no nació para proclamar la superioridad de unas personas sobre otras. Surgió como respuesta a la vergüenza impuesta. Frente a siglos de persecución, patologización, condena religiosa, violencia policial y exclusión familiar, la palabra “orgullo” expresa el derecho a existir sin ocultamiento. Su contrario no es la humildad cristiana, sino el estigma. Por eso, cuando un dirigente eclesiástico vincula el Orgullo con el mal, aunque asegure distinguir entre las personas y el concepto, reactiva el imaginario que durante décadas presentó las vidas LGTBIQ+ como desordenadas, pecaminosas o peligrosas.

Y todo ello en un mes marcado por desafortunadas declaraciones contra el colectivo como las pronunciadas por Felipe González o Santiago Abascal. Este último dijo hace unos años que las personas del colectivo reducimos nuestra personalidad a lo sexual. Desde luego no sólo somos sexo, pero reivindicamos lo sexual y lo afectivo no normativo, como algo históricamente criminalizado y patologizado. En esta misma línea tuvimos que leer la columna de Jiménez Losantos publicada hace unos días, titulada “Orgullo pedófilo comunista y putañero socialista”, ya denunciada ante la fiscalía por Olympe Abogados. Argüello eclesializa, y legitima en parte de la sociedad, estos discursos de odio.

Una institución puede conservar su doctrina moral y, al mismo tiempo, revisar la forma en que se dirige a quienes históricamente han padecido sus condenas. Eso era, precisamente, parte del reto pastoral heredado de los últimos pontificados: sustituir el lenguaje de la exclusión por el acompañamiento, reconocer el daño provocado y evitar que la defensa doctrinal vuelva a convertirse en estigmatización. León XIV ha insistido ante los propios obispos españoles en la necesidad de favorecer el diálogo, sanar fracturas y ofrecer, en un tiempo de polarizaciones, un testimonio de unidad dentro de la pluralidad. Las palabras de Argüello avanzan en la dirección contraria.

La referida confesionalidad sociológica no significa que los obispos redacten las leyes ni que el Gobierno obedezca formalmente sus instrucciones. Consiste en la expectativa de que la Iglesia católica conserve una posición cualificada para juzgar la moralidad de todo el orden político, como si su antropología particular constituyera el fundamento natural y universal de la convivencia.

Desde esa posición, las leyes democráticas que se apartan de la moral católica no se presentan simplemente como decisiones discutibles, sino como expresiones de una sociedad desordenada. Los derechos sexuales y reproductivos aparecen como “deconstrucción antropológica”; el reconocimiento de la diversidad se transforma en relativismo; las políticas públicas de protección social se degradan a “paguitas”; y el Estado que no sigue la orientación moral propuesta por la jerarquía corre el riesgo de ser descrito como una banda organizada para el saqueo.

El problema se agrava porque la Iglesia española todavía tiene pendientes importantes ejercicios de responsabilidad. La respuesta del ministro Félix Bolaños, al preguntar qué ocurriría si el Gobierno calificase a la Iglesia como una “banda de agresores sexuales”, señaló una contradicción difícil de ignorar: una institución que reclama prudencia frente a las generalizaciones sobre los abusos cometidos en su seno debería extremar esa misma prudencia cuando juzga al conjunto del Estado, a quienes reciben ayudas públicas o a las personas LGTBIQ+.

La visita de León XIV había permitido imaginar una Iglesia capaz de defender sus convicciones sin confundir evangelización con tutela política. Argüello ha recuperado, en cambio, la voz de una jerarquía que parece sentirse autorizada para examinar la legitimidad moral de la democracia desde una posición superior. Se aleja por tanto de la “cultura del encuentro” promovida por el Grupo de Políticos y Líderes Católicos. Este espacio, dentro de la Archidiócesis de Madrid, entregó a León XIV en su pasada visita el documento Decálogo para una renovación ética, cultural y política desde el respeto y el diálogo, inspirado en el Fratelli Tutti de Francisco, y con poco impacto tanto en el fango de la política actual española, como en el discurso polarizante de Argüello.

La cuestión no es si la Iglesia puede hablar. Por supuesto que puede. La cuestión es si está dispuesta a aceptar que habla en una sociedad que ya no le pertenece, ante ciudadanos que no son sus fieles y frente a instituciones cuya legitimidad no procede de ninguna autoridad religiosa. La Constitución la convirtió en norma de convivencia. Lo verdaderamente preocupante es que una parte de la jerarquía eclesiástica española todavía parezca considerarla una concesión provisional y no una exigencia esencial de la democracia. Sin duda un pecado de orgullo fruto de la omnipresencia privilegiada de la Iglesia durante el nacionalcatolicismo franquista.

 

[Imagen de vatican.va]