Jorge Serrano Paradinas. Soy el coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular

 

Estimadas Primera Ministra Meloni, Primera Ministra Frederiksen y líderes de las naciones europeas:

Me dirijo a ustedes en respuesta directa a la carta conjunta firmada por 22 líderes de la UE dirigida a la Comisión Europea y al Consejo Europeo, en relación con la situación en España y las fronteras europeas.

Mi nombre es Jorge Serrano Paradinas. Soy el coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular que logró la regularización extraordinaria de residentes irregulares en España.

Me dirijo a ustedes porque su reciente carta a la Comisión Europea distorsiona gravemente la realidad de mi país, la naturaleza de nuestras leyes y las verdaderas causas de la crisis de seguridad que hemos presenciado recientemente en Ceuta. Han diagnosticado erróneamente el problema y, al hacerlo, han caído directamente en una peligrosa trampa geopolítica.

Ante todo, deben comprender un hecho político crucial: esta regularización no fue impulsada por Pedro Sánchez ni por su gobierno. Durante 5 años estuvieron bloqueándola en el Congreso hasta que la presión social forzó su aprobación. 

Esta ley no nació en una oficina gubernamental. Se logró gracias a la presión constante, decidida y valiente de la sociedad civil española. Fue impulsada por una movilización histórica de más de 700.000 ciudadanos, respaldada por más de 1.000 organizaciones sociales de todo el espectro político e ideológico, y posible gracias a 17.000 voluntarios que dedicaron un año entero a recoger firmas en nuestras calles. Fue esta enorme presión social la que forzó una votación en el Parlamento y su aprobación por una mayoría sin precedentes: 310 votos a favor y solo 33 en contra. Este es un mandato del pueblo español, no una estrategia política impuesta desde arriba.

Su carta afirma que el proceso de regularización de España actúa como un «efecto llamada» para los cruces ilegales en la frontera. Esto es técnica, legal y lógicamente falso.

La regularización extraordinaria aprobada en España es estrictamente retroactiva. Se aplica exclusivamente a las personas que demostraron que ya vivían, trabajaban y estaban arraigadas en nuestra sociedad antes de finales de 2025. No otorga absolutamente ningún derecho a quienes cruzan ilegalmente la frontera hoy.

Por lo tanto, no atrae nueva migración ilegal. Todo lo contrario: al ser un mecanismo extraordinario y excepcional, envía una clara señal disuasoria.

Además, los sucesos de Ceuta lo demuestran. La gran mayoría de quienes cruzaron la frontera eran ciudadanos marroquíes que ya han regresado a casa voluntariamente. No se trataba del flujo natural de personas subsaharianas en busca de una nueva vida; fue un movimiento temporal, inducido y controlado.

Seamos honestos sobre lo que realmente sucedió en Ceuta. El proceso de regularización de España no fue la causa. Europa no ha sufrido una crisis migratoria en Ceuta; Europa ha sufrido un ataque a su soberanía territorial.

Las autoridades marroquíes abrieron deliberadamente las fronteras, filtrando la entrada de sus propios ciudadanos y bloqueando la de los migrantes subsaharianos. Fue una maniobra política calculada para enviar un mensaje a Europa sobre sus ambiciones históricas respecto a este territorio, que es español desde 1580. Una maniobra política que trágicamente se ha cobrado la vida de más de 100 personas.

No es la primera vez que el gobierno marroquí utiliza a sus ciudadanos como instrumento para satisfacer sus ambiciones territoriales. En 1975 350.000 ciudadanos marroquíes invadieron el Sáhara Occidental, que hasta ese momento era territorio español. 

Pero hay ejemplos más recientes. Entre los días 17 y 18 de mayo de 2021, cerca de 20.000 personas entraron en Ceuta después de que la policía marroquí abriera física y deliberadamente las puertas de las vallas fronterizas.

La crisis bilateral resultante entre el gobierno español y el marroquí derivó en que, meses después, el gobierno español respaldó formalmente la propuesta de Marruecos de integración del Sáhara Occidental en territorio marroquí.

Desde entonces las relaciones del gobierno español con Argelia, principal Defensor de un Sahara independiente, se tensaron profundamente hasta que el pasado 20 de julio el presidente del gobierno español visitó Argel y se recuperó el tratado de Amistad. Los analistas internacionales coinciden en que la crisis actual de Ceuta es la reacción deliberada de Marruecos ante el miedo de que España retroceda en su posición respecto al Sahara Occidental.

La aprobación de la sentencia del Tribunal Supremo español prohibiendo la devolución en caliente de las personas que entraban a nado es la coartada que el gobierno marroquí necesitaba para repetir la acción de 2021.

Pero hay más. Esta maniobra fue alentada por actores geopolíticos externos. El 15 de julio de 2026, el Congreso de Estados Unidos aprobó un paquete presupuestario que, a través de un informe de la Cámara, describía a Ceuta y Melilla como "ciudades administradas por España ubicadas en territorio marroquí” y respaldaba los esfuerzos diplomáticos con respecto a su estatus futuro. Esta crisis también se está instrumentalizando al otro lado del Atlántico con fines electorales internos, utilizando imágenes de esta "invasión" para asustar a los votantes estadounidenses.

Al culpar a las políticas sociales y laborales de España, ignoran al verdadero agresor. Culpan a la víctima de un chantaje geopolítico y, al amenazar con romper el Acuerdo Schengen, hacen precisamente lo que los enemigos de una Europa unida quieren: fracturar nuestra Unión desde dentro.

Líderes de Europa, su carta representa una doble deslealtad con España y con Europa: no reconocen un ataque a las fronteras europeas y abandonan los valores fundamentales que fundaron nuestra Unión.

Europa debe defender sus fronteras exteriores con firmeza, a la vez que gestiona su realidad interna con pragmatismo y dignidad humana.

Las personas que regularizamos en España ya estaban aquí. Cultivan nuestros alimentos, cuidan de nuestros mayores y construyen nuestra infraestructura. Sacarlas de la economía sumergida es una cuestión de justicia, sensatez económica y seguridad.

Si de verdad quieren dar una respuesta firme y unificada a quienes instrumentalizan a seres humanos contra nosotros, sigan el ejemplo de la sociedad española. Sean valientes. Regularicen la situación de sus trabajadores indocumentados, quienes ya forman parte de sus sociedades y economías. Demuestren al mundo que Europa no puede ser chantajeada, pues nuestra estabilidad interna se basa en los derechos humanos, la integración y el estado de derecho.

No caigan en esta trampa geopolítica. No permitan que potencias externas dicten las políticas internas de Europa. Protejan nuestras fronteras y protejan también nuestros principios.

Gracias.

 

Jorge Serrano Paradinas Coordinador de la Iniciativa Legislativa Popular para la Regularización Extraordinaria de personas extranjeras en España.