Desde las promesas de actuación mejorada de Von der Leyen hasta las recurrentes crisis en enclaves como Ceuta, la UE sigue buscando respuestas policiales a dramas humanos. La cooperación y la protección quedan relegadas, cuando son esenciales.
Fuente: Huffingtonpost
Por Carmen Rengel
28/09/2026
Un grupo de personas aguarda su reubicación en el asentamiento de la playa de Benítez tras la llegada masiva de migrantes desde Marruecos, en Ceuta, el 16 de septiembre de 2026.
Claudi Pérez, corresponsal político y económico del diario El País, reflexionaba el pasado martes, en el 40º aniversario del Hoy por Hoy de la Cadena SER, sobre lo mal que suele manejar la Unión Europea (UE) sus crisis migratorias. No es sólo Ceuta, sino Alemania en 2015, que pasó "del selfie de Angela Merkel con los refugiados" a los "campos de concentración en Turquía", o más recientemente Italia, que "con un PIB que más grande que el de España", no supo llevar Lampedusa.
Sobre todo en la última década, se ha tratado la migración como una emergencia que debe ser atajada, en lugar de como una realidad que debe ser gestionada. El resultado es un continente donde la obsesión por la seguridad amenaza con desmantelar los pilares fundacionales del proyecto europeo. Hablamos de la cooperación y la protección.
Basta con observar la evolución en el lenguaje. En el verano de 2015, frente a la llegada de más de un millón de personas que huían de la guerra y la persecución (sobre todo desde Siria), la entonces canciller alemana pronunció una frase de eco mundial: "Wir schaffen das" ("Podemos hacerlo"). Era un llamamiento a la solidaridad, a poner por delante los derechos humanos, sobre los que se levantó el continente tras la Segunda Guerra Mundial.
Aquella humanidad contrastaba con la tragedia, simbolizada en la foto de Aylan Kurdi, el niño sirio de tres años ahogado en aguas del Mediterráneo. Durante un instante, pareció que Europa asumiría su responsabilidad moral.
Avancemos hasta hoy. La Presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, en su discurso sobre el Estado de la Unión (SOTEU), no habla de puertas abiertas ni de gestas humanitarias. Pinta un estado de sitio. Anuncia un Marco Europeo de Respuesta a Emergencias migratorias, diseñado como un "interruptor de emergencia" para suspender temporalmente las normas estándar cuando los movimientos masivos de personas sean "fabricados y utilizados como armas".
¿Pero cómo pasó la Unión de la política de acogida al enfoque restrictivo, externalizado y fuertemente securitizado? La respuesta, dicen los analistas, no radica sólo en un posible fracaso logístico, sino en una elección política. Lo que el continente ha experimentado no es tanto una crisis migratoria, sino una "crisis de la gestión migratoria".
El colapso del sistema y la ilusión del control
Vayamos a las raíces del Sistema Europeo Común de Asilo (SECA) y al Reglamento de Dublín, que establece que el país de primera llegada de un individuo es el responsable de procesar su solicitud de asilo. Este sistema, diseñado en los años 90 y 2000 para un mundo diferente a todas luces, demostró ser fallido casi de inmediato, ante el estrés de 2015 y la llamada "crisis de refugiados". Se impuso una carga desproporcionada a los países de la primera línea del Mediterráneo (Grecia, Italia y España) y de los Balcanes.
Cuando más de 1,7 millones de personas buscaron refugio en Europa entre 2015 y 2016, el sistema se fracturó. Mientras Berlín abría sus puertas, países como Hungría, bajo el liderazgo de Viktor Orbán, se negaban a aceptar las cuotas de reubicación dictadas desde Bruselas. El ultraderechista orquestó referéndums para legitimar su retórica antiinmigrante, afirmando que su nación era el "último bastión cristiano-conservador". Comenzó a construir, también, vallas a lo largo de sus fronteras. En Europa.
Esta falta de coherencia en la acción y la negativa a compartir la responsabilidad sembraron el pánico. Los municipios se vieron abrumados por la velocidad de las llegadas y las necesidades de estas personas. Frente al "refugees welcome" de balcones y pegatinas, la derecha capitalizó pronto este sentido de desorden, argumentando que los Gobiernos habían perdido el control de su soberanía.
A partir de entonces, los solicitantes de asilo se convirtieron en chivos expiatorios convenientes para los desilusionados por una serie de choques externos: desde la crisis sanitaria hasta el cambio climático y la inflación, todo encadenado en los años posteriores. La visión basada en los derechos fue reemplazada por un enfoque de seguridad. Ley y el orden.
Empujando la frontera
Ante la incapacidad de reformar sus leyes internas rápidamente, la UE adoptó una estrategia que ha definido su política exterior desde entonces: la externalización. Si Europa no podía ponerse de acuerdo sobre qué hacer con los inmigrantes una vez que llegaban, la solución era evitar que llegaran. El problema quedaba fuera.
Esta política obligó a los líderes europeos a tomar decisiones a corto plazo que transformaron los presupuestos y la agenda de los Veintisiete. Como documentaron Donatienne Ruy y Heather A. Conley para el Center for Strategic and International Studies (CSIS), el enfoque se desplazó hacia la "eliminación de los impulsores de la inestabilidad en el vecindario europeo". En la práctica, eso significó que los presupuestos en ayuda humanitaria y desarrollo experimentaron recortes, mientras que los euros se reasignaron a construcción de capacidades de seguridad, control fronterizo y estabilización en países de origen y tránsito.
El acuerdo UE-Turquía de 2016 es donde por primera vez cristaliza todo eso. A cambio de ayuda financiera (hasta 10.000 millones de euros), Ankara acordó readmitir a todos los individuos que llegaran de forma irregular a las islas griegas. Este pacto, combinado con el cierre de la ruta de los Balcanes, dejó a miles de personas varadas en campamentos superpoblados. Lejos de ser una excepción, el texto se convirtió en la plantilla para futuras asociaciones de la UE con países del norte de África y Oriente Medio, incluyendo Líbano, Egipto, Mauritania, Túnez, y el memorando de Italia con Libia en 2017. Marruecos tiene también esa llave con la UE y con España en particular.
La "Europa-fortaleza", como se la llama, se fortificó en sus costas y subcontrató su vigilancia a regímenes autocráticos. La Guardia Costera Libia, equipada y financiada con fondos UE, fue encargada de interceptar a los migrantes en el mar y devolverlos a centros de detención en su país, lugares que han sido denunciados por atrocidades, torturas y violaciones. Organizaciones humanitarias y el Comité Internacional de Rescate (IRC) han advertido incesantemente sobre cómo estas políticas desprecian los derechos fundamentales, ponen en peligro la seguridad física de las personas y aumentan la dependencia de Europa de gobiernos autoritarios.
"Crisis lenta"
Los investigadores han dejado de llamar a esto una "crisis migratoria", por mucho que en España sea la etiqueta usada por el PP o Vox. Investigadoras de vanguardia en la materia como Berfin Nur Osso, Ana Margheritis y Çağla Ekin Güner proponen desde las Universidades de Oxford o Londres un marco mucho más preciso: lo que la UE ha diseñado es una "una crisis lenta o sigilosa de la gestión migratoria".
El relato de la "crisis" se ha arraigado en el sistema europeo para hablar de avalanchas, oleadas, peligro. Clasificar la migración como una emergencia permite a los Estados justificar medidas "temporales y extraordinarias" que, con el tiempo, se vuelven permanentes. Incluso aunque violen la ley, como las devoluciones en caliente, e incluso cuando no vayan al origen del fenómeno migratorio, empeorado por la merma en cooperación. La crisis, argumentan las especialistas, es un síntoma de una ansiedad mucho más profunda sobre la soberanía estatal y el temor de los políticos a perder el control simbólico de sus fronteras.
De las personas es de lo que menos se habla, pero esta crisis de gestión general restringe el "acceso" de los refugiados en tres fronteras distintas, recuerdan, empezando por las físicas, con el levantamiento de barreras, el cierre de lindes y las devoluciones en caliente. En 2025, se produjeron al menos 80.865 devoluciones forzadas, recuerda la red de ONG belgas 11.11.11. Una práctica a menudo mortal que algunos Estados han intentado legalizar.
Luego están las fronteras legales, la exclusión de la protección con restricciones de visados, políticas de contención, detención sistemática y deportación. El uso del concepto de "tercer país seguro" ha sido fundamental para negar solicitudes de asilo bajo la presunción de que el migrante podría haber buscado refugio en otra parte.
Sobrevuela sobre todo eso, ahondan las tres expertas, las limitaciones sociales, como la marginación, la estigmatización y la creación del migrante como el "otro", una deshumanización que vemos con la crisis ceutí y que "dificulta enormemente la integración en las sociedades europeas". Si se les da la opción de estar, no es en condiciones de igualdad.
Europa deja atónita, además, por los fuertes contrastes de los que es capaz. Frente a todo lo anterior, ha mostrado al mundo lo que puede hacer cuando hay voluntad política, o sea, tras la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. La rápida activación de la Directiva de Protección Temporal otorgó a más de ocho millones de ucranianos derechos inmediatos de residencia, trabajo, educación y salud. Esta respuesta solidaria, renovada y actualizada cada poco, evidenció el doble rasero: un abrazo sin precedentes para unos y la exclusión letal para otros. Hay bienvenida, hay muros.
El coste humano de esta exclusión es sido devastador. En 2020, las condiciones inhumanas culminaron en los incendios que destruyeron el infame campamento de Moria, en Lesbos (Grecia), dejando a 13.000 personas sin techo en medio de la pandemia de COVID-19. En junio de 2023, el naufragio de Pylos frente a las costas griegas se cobró la vida de más de 600 personas. Los "incidentes" entre Italia y Malta con más de 50 muertos o desaparecidos son recurrentes hoy.
Según el último informe de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), dl pasado 17 de septiembre, cerca de 60.000 migrantes y refugiados han llegado a Europa por vía marítima en lo que va de 2026. Esta cifra supone un descenso del 39 % respecto a los 98.040 registrados en el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, al menos 2.292 personas han muerto o desaparecido al intentar la travesía, frente a las 1.999 del mismo periodo del año pasado. "Las rutas del Mediterráneo y del Atlántico son las vías marítimas más mortíferas del mundo", afirma el organismo, dependiente de Naciones Unidas.
"Necesitamos una cooperación internacional sostenida que salve vidas, proteja a las personas en situación de movilidad, combata la trata y la explotación, y amplíe las vías seguras y regulares", expone Amy Pope, la directora general de la OIM. Igualmente, se requieren "esfuerzos constantes para esclarecer el destino y el paradero de los migrantes desaparecidos y apoyar a las familias afectadas, en consonancia con el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular".
Nuevos pactos y ¿soluciones?
Para salir del estancamiento y tras años de negociaciones, la UE acordó en 2024 un Nuevo Pacto sobre Migración y Asilo. Aclamado por líderes como Von der Leyen como un "gran hito" y un "marco europeo común que da responsabilidades y exige solidaridad a todos", pretende un reparto equitativo de la carga. Sin embargo, para los defensores de los derechos humanos, representa un compromiso con grietas: puede legitimar una mayor detención en las fronteras, facilitar las devoluciones, debilitar las salvaguardas para los niños e incremente la externalización, a lo Italia en Albania.
La realidad sobre el terreno demuestra que la tendencia hacia la "renacionalización" de la migración no se ha detenido, sino que ha mutado. La gestión migratoria está poniendo bajo presión al espacio Schengen. Por ejemplo, Ceuta ha expuesto la ironía del enfoque de líderes como la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Un Gobierno que ha hecho de la responsabilidad nacional el centro de su política migratoria está descubriendo que el mismo principio puede funcionar en su contra. Y con 996 muertos en sus aguas en lo que va de año, que se dice pronto. Son 152 más que en el mismo periodo del año pasado.
El problema es que cuando cada problema en la frontera externa se convierte en un enfrentamiento interno -como las recientes tensiones entre Roma y Madrid-, lo que comienza a resquebrajarse es la libertad de movimiento en Europa. Si Berlín protege a Alemania cerrando el paso a Austria, Viena protege a Austria frente a Italia, y Madrid protege a España, Europa no se vuelve más segura, sino simplemente "menos europea", como expone en Euractiv el especialista Eriseld Zeneli.
Pone el dedo en la llaga al lamentar que el centroizquierda europeo ha cometido también el error de permitir que la derecha defina el vocabulario del debate. Presentar a los votantes la falsa dicotomía entre seguridad sin solidaridad o solidaridad sin seguridad ha sido un fracaso que pagan personas. La defensa de las fronteras no tiene por qué equivaler a xenofobia, porque hay grises, de la misma manera que el cumplimiento de la ley no es incompatible con los derechos humanos, defiende este italiano hijo de albaneses. Proteger Schengen requiere entender dónde debe estar realmente la frontera europea: en una gestión compartida, justa y unificada en los límites externos, en lugar de levantar muros internos entre los Estados miembros. Misma mirada de la OIM.
La excepción, normalizada
Hoy la migración ya no se ve sólo como un desafío, sino como un arma geopolítica. Desde que Bielorrusia atrajo a miles de solicitantes de asilo a la frontera con Polonia en 2021 para desestabilizar a la UE, la noción de "migración armada" se ha vuelto un argumento central, uno de los brazos ejecutores de la guerra híbrida. Varsovia ha replicado hasta con la suspensión temporal del derecho de asilo para esos migrantes irregulares.
En su discurso del Estado de la Unión, Von der Leyen presumió de una reducción del 55% en las llegadas irregulares en los últimos dos años y una caída adicional del 35% en los primeros ocho meses de 2026. "Es un progreso real", afirmó. Pero el precio de estas estadísticas ha sido la institucionalización del estado de emergencia, recuerdan desde el grupo de La Izquierda en la Eurocámara.
El anuncio del Marco Europeo de Respuesta a Emergencias es la culminación del camino. Bajo el argumento de que "nuestras herramientas necesitan evolucionar, especialmente para situaciones de emergencia" y para hacer frente a "escenarios en los que los movimientos masivos son orquestados y utilizados como armas", este interruptor permitirá una "flexibilidad estrictamente definida y limitada en el tiempo" en los procedimientos estándar de asilo y migración.
Aunque viene acompañado de iniciativas positivas, como el plan de Empleo y Habilidades para los Jóvenes del Mediterráneo y la promesa de abrir "Oficinas Gateway" en países socios para facilitar vías legales, el mensaje es cristalino: Frontex será reforzada para acelerar las deportaciones, y la seguridad fronteriza sigue siendo el prisma principal.
El especialista en Migraciones Emanuel Garavello indice en los avisos de quien sabe no sólo sobre esa visión dee seguridad, sino sobre "la ausencia de un mecanismo coherente de reparto de la carga entre los miembros ha dejado a los países de primera línea desproporcionadamente expuestos", o también "la escasa preparación y la debilidad de los sistemas de alerta temprana que han provocado repetidamente el colapso de las estructuras de asilo y acogida". "La gobernanza de crisis de la UE ha sido eficaz para crear herramientas de coordinación, pero sigue limitada por la fragmentación política, la implementación reactiva y un enfoque persistente en el control en lugar de la solidaridad y la protección", concluye.
El coste de ser fortaleza
El Instituto IZA de Economía del Trabajo señalaba que el sistema europeo siempre tuvo fallos fundamentales. Más de la mitad de las reclamaciones de asilo procesadas espontáneamente terminaban en rechazo, lo que alimentaba la percepción pública de que la mayoría de los recién llegados eran migrantes económicos que usaban el asilo como única puerta de entrada. Las reformas de la última década han abordado parcialmente estas debilidades, pero se han quedado cortas a la hora de crear un sistema funcional y humano, basado en la reubicación segura desde los países de origen, en lugar de obligar a la gente a arriesgar sus vidas en el mar.
Más de una década después de la crisis de 2015, Europa ha consolidado su respuesta. Ha aprendido a cerrar acuerdos con autócratas, a desviar fondos de desarrollo hacia la vigilancia y a tolerar violaciones de derechos en sus márgenes, siempre y cuando ocurran lejos de la vista del público o bajo el paraguas de "emergencia". Europa pudo haber elegido rediseñar un sistema solidario que canalizara legalmente a la mano de obra que necesita para su invierno demográfico y protegiera a los perseguidos. En su lugar, eligió perpetuar un estado de excepción y la mirada policial.
Al intentar fortificar la casa contra el mundo, la Unión está reintroduciendo lentamente los muros en su propio patio. Sí, verdad, ha logrado reducir las cifras de llegadas irregulares, pero en el camino ha puesto en riesgo el pilar mismo de la libre circulación ciudadana y ha reescrito los valores sobre los que juró al fundarse.
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