La archidiócesis catalana, histórica plataforma para el cardenalato y puente clave con las administraciones, afronta un cambio de era
Fuente: El Periódico
Roma

El Papa León XIV (d) junto al arzobispo de Barcelona, Juan José Omella (i), interviene a su llegada a la homilía en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, a 9 de junio de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La homilía es el primer acto del Papa / Alberto Paredes - Europa Press
La persona que se elija para suceder a Juan José Omella, arzobispo de Barcelona desde finales de 2015, heredará una de las sedes con mayor peso de la Iglesia española, pero también una diócesis de notable complejidad. Al báculo pastoral se suma la responsabilidad de gobernar una institución con influencia en los equilibrios internos de la Iglesia y con varios asuntos de gestión abiertos que esperan respuesta.
De ahí también que la Conferencia Episcopal Española (CEE) tenga los ojos puestos en esta sucesión, dado el peso institucional y geopolítico de la sede barcelonesa dentro de la Iglesia española, un entramado de 70 diócesis y cerca de 15.000 sacerdotes. A ello hay que sumar las prerrogativas que ostenta el arzobispo de Barcelona por protocolo y tradición. Entre ellas actuar como interlocutor de referencia ante la Generalitat y el Gobierno central, servir de puente directo con Roma en cuestiones de envergadura sociopolítica regional y ejercer una influencia determinante en la orientación pastoral, las alianzas internas y el equilibrio de votos de la Asamblea Plenaria de la CEE.
Esa relevancia institucional tiene también su reflejo en la trayectoria de quienes han ocupado la sede. Desde hace décadas, la archidiócesis de Barcelona se ha convertido en una plataforma con especial proyección hacia Roma. Tan solo en las últimas tres décadas, tres arzobispos obtuvieron la púrpura cardenalicia tras su nombramiento: Ricard Maria Carles i Gordó (nombrado arzobispo en 1990 y cardenal en 1994), Lluís Martínez Sistach (nombrado arzobispo en 2004 y cardenal en 2007) y el propio Omella (nombrado arzobispo en 2015 y cardenal en 2017). Y si miramos más atrás se pueden sumar Narcís Jubany Arnau (nombrado cardenal en 1973) y Marcelo González Martín (en 1973).
Maquinaria económica
Pero hay más razones. La archidiócesis barcelonesa es una de las diez que configuran el mapa eclesiástico catalán y un auténtico gigante organizativo: abarca 212 parroquias y la catedral, con una actividad que en 2023 se tradujo en más de 10.000 sacramentos y unas 258.000 misas. Un despliegue sostenido por 461 sacerdotes, unos 1.700 religiosos y religiosas, 1.200 catequistas y una nutrida red de voluntarios, según datos de la propia institución.
En el balance económico, las cifras también reflejan una maquinaria de gran calado. En 2024, la archidiócesis ingresó 56,4 millones de euros, lo que supuso un repunte del 18,2% respecto a los 47,7 millones del ejercicio anterior. Las aportaciones directas de los fieles constituyeron el sostén principal (19 millones de euros), seguidas de los ingresos corrientes (16,6 millones) y de la asignación tributaria del IRPF (10,1 millones). En el capítulo de gastos, el mantenimiento del vasto patrimonio inmobiliario y el funcionamiento ordinario absorbieron casi la mitad del presupuesto —26,5 millones de euros—, mientras que la acción pastoral y asistencial dispuso de 8,9 millones.
Entre los retos que marcarán la agenda del próximo arzobispo será la evolución del proyecto de la Sagrada Família, uno de los principales símbolos de la Iglesia barcelonesa y de mayor proyección internacional. La jubilación prevista dentro de un año de Esteve Camps, presidente delegado del Patronato de la Fundació Junta Constructora del Temple Expiatori de la Sagrada Família y Barceloní de l'Any 2026 de EL PERIÓDICO, abrirá un proceso de relevo en una institución estrechamente vinculada a la archidiócesis y clave por su dimensión religiosa, patrimonial y económica.
En los últimos tiempos, las principales turbulencias de la archidiócesis han estado más vinculadas a la gestión interna. Uno de los asuntos más recientes es el que afecta a tres fundaciones diocesanas —Valldejuli, Sant Josep Oriol y Mare de Déu dels Desemparats—, que fueron intervenidas en julio pasado después de que una auditoría externa encargada por el arzobispado detectara presuntas irregularidades en la gestión y operaciones de venta de bienes y patrimonio fundacional que están siendo investigadas.
Para abordar la situación, el arzobispado nombró tres nuevos administradores interinos, según informó la propia institución. El caso que concentra mayor atención es el de Valldejuli, después de que dimitieran tanto su administrador como su director. Las pesquisas continúan en las otras dos entidades para determinar el alcance de las posibles irregularidades, un asunto que formará parte de la agenda del próximo arzobispo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario
Se ruega identificarse con la cuenta de correo electrónico